Se insiste en la posible conexión entre el caso de femicidio y el poder político y judicial de Córdoba. Se menciona al abogado Moreno, cuya familia trabaja en el estado cordobés, y se plantea la duda sobre quién financia a los abogados que defienden a los implicados.
Se describe a Barrelier como custodio de seguridad de estas figuras de poder, lo que genera sospechas sobre la imparcialidad de la investigación y la posibilidad de que se esté encubriendo información relevante para proteger intereses políticos.