Se establece un paralelismo entre el poder político que contrata barras y casos de violencia. Se menciona el caso de un concejal y abogado, vinculado a barras de Córdoba, que habría mantenido cautiva a una chica y luego la mató. El poder político intentaría encubrir estos hechos.
Se destaca la figura de Ricardo Moreno, jefe de las 72 organizaciones peronistas y abogado penalista, quien defendió a Barrelier en una causa anterior. Moreno también es dirigente del PJ de Córdoba y fue concejal suplente.