Se debate sobre la responsabilidad institucional en el caso de Luciana Barrios. Si bien la protección de la escuela se extiende hasta la salida del establecimiento, se cuestiona la percepción de indiferencia al continuar las clases con normalidad.
La decisión de mantener la actividad escolar recae en el Ministerio de Educación, no en la escuela misma. Sin embargo, la falta de cierre o resguardo del lugar genera interrogantes sobre el manejo de la situación y la celeridad de la investigación.