Se informa sobre una auditoría repentina y sorpresiva ordenada por el gobierno a la Oficina de Presupuesto del Congreso, organismo utilizado para obtener información oficial sobre el gasto público.
La medida, que suspende la publicación de informes hasta nuevo aviso, se alinea con la intervención previa del gobierno sobre el INDEC, generando preocupación por la limitación del acceso a la información pública.