El gobierno de Javier Milei ordenó una auditoría sorpresa a la Oficina de Presupuestos del Congreso, organismo que provee información oficial sobre el gasto público.
Esta medida, que impide la publicación de nuevos informes hasta nuevo aviso, se da en un contexto de intervención gubernamental sobre el INDEC y otros organismos de datos oficiales.
La auditoría es conducida por la bicameral de presupuesto, liderada por el oficialismo, y genera preocupación por la posible limitación del acceso a información pública.