Se señala que la custodia policial permanente de Cristina Kirchner en su domicilio, si bien se justifica por su condición de expresidenta y víctima de atentado, resulta un dispendio económico innecesario y legalmente cuestionable.
Se argumenta que la ley de prisiones domiciliarias prohíbe la custodia por fuerzas de seguridad, ya que el propio régimen de arresto domiciliario implica una restricción de la libertad ambulatoria y la presencia policial adicional atenta contra ese principio.