Se cuestiona la imparcialidad de la justicia argentina, señalando que la Corte Suprema, con dos de sus miembros designados por Macri, garantiza la impunidad del actual gobierno. Se critica que la justicia no aplica la misma vara para todos, y se pone como ejemplo la situación de Cristina Fernández de Kirchner.
Se argumenta que la justicia no es independiente y está al servicio del poder económico, sometiendo al pueblo. La falta de independencia se evidencia en la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones paritarias y en la negativa de la justicia a intervenir en situaciones de vulnerabilidad.