Se denuncia que Barrelier, un barra brava con antecedentes penales, fue contratado a sabiendas de su perfil criminal, y no se trató de un error o filtración.
Se expone un sistema que vincula justicia, poder político y reclutamiento de personas con prontuarios, incluyendo abogados penalistas que actúan como defensores técnicos.
Se cuestiona la escala de la contratación de criminales en la Provincia de Córdoba, donde el municipio emplea a 29.000 personas (incluyendo becarios), y se plantea si la contratación de Barrelier fue deliberada dada su peligrosidad.