Se revela el presunto financiamiento de campañas políticas en Córdoba por parte de Roberto Moyano, un empresario ahora detenido por trata de personas y dueño de prostíbulos donde se ejercía prostitución infantil.
Se denuncia que Moyano, a pesar de sus delitos, gozaba de impunidad y conexiones políticas, con protección judicial que le permitía salir libre rápidamente tras detenciones.
Se cuestiona la integridad de la justicia cordobesa, tildándola de "tomada" por influencias políticas y personales, y se sugiere que el caso podría ser el catalizador de una transformación.