Se critica la falta de acción y comunicación por parte de los gobernadores ante casos de presunta corrupción y explotación.
Se exige a los gobernadores que hablen y cumplan con su deber de informar, ya que son pagados por la ciudadanía para ello.
Se sugiere que hay un intento de que el caso Barrient muera para evitar un escándalo mayor que implique a políticos y que podría involucrar al gobernador de la provincia.