Se cuestiona el financiamiento estatal de las multitudes congregadas en eventos populares, sugiriendo que el Estado es quien costea estas movilizaciones. Se critica la persistencia de una "guerra de la idiotez" y la polarización entre "buenos" y "malos", en lugar de proponer un mensaje de progreso y bienestar para la clase media.
Se denuncia una "dictadura de las redes" y una autocensura generalizada que impide señalar que estos eventos son financiados por el erario público. Se aboga por un mensaje más constructivo que promueva la mejora de la calidad de vida y el acceso a una clase media próspera.