El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó una ley que le permitiría declarar estado de excepción y desplegar al ejército ante las protestas y bloqueos antigubernamentales. La ley, aprobada por el Congreso, faculta al presidente a tomar estas medidas, aunque necesitará la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa.
La normativa ha generado críticas por parte de opositores y juristas, quienes consideran que contradice la constitución y las recomendaciones de derechos humanos. Se argumenta que la ley podría facilitar la represión y limitar las libertades individuales, otorgando beneficios a quienes ejerzan el procedimiento represivo.
Paz Pereira ha reiterado la narrativa del "narcoterrorismo" y ha enviado un mensaje de diálogo a los movimientos sociales, advirtiendo sobre "infiltrados". La ley de estado de excepción, que permite detenciones de hasta ocho horas, genera preocupación por la posibilidad de que se extienda su vigencia y la falta de claridad en las causales de detención.