El presidente de Bolivia podría decretar un estado de excepción ante las protestas sociales. La medida, que se encuentra en contradicción con la constitución y recomendaciones de derechos humanos, otorgaría beneficios legales a quienes ejerzan el procedimiento represivo, sin necesidad de rendir cuentas a la justicia.
La posible extensión del periodo de excepción genera críticas, ya que no habría una autorización inmediata por parte de la Asamblea. Además, se permitirían detenciones de hasta ocho horas, aunque no están claras las causales.