Se plantea la problemática de la falta de respuesta policial y la lentitud de la justicia ante las denuncias, mencionando el caso de Agostina.
Se critica que los expedientes judiciales demoran meses o años, y se señala la necesidad de articular con instituciones gubernamentales que no funcionan para garantizar los derechos de los menores.
Se exige la figura de abogados defensores de niños y defensores oficiales, y se resalta que la falta de justicia afecta a la niñez y juventud.