El Congreso boliviano derogó la ley que limitaba la declaratoria del Estado de excepción, otorgando al presidente Rodrigo Paz la facultad de movilizar al ejército contra las protestas antigubernamentales que continúan en el país.
La derogación de la ley 1341, que antes garantizaba derechos como la vida y la integridad personal, ha dividido a la población. Quienes la apoyan argumentan que el país estaba desprotegido, mientras que los críticos temen abusos y represión. La medida, aprobada por dos tercios del parlamento, ha generado fisuras dentro del oficialismo, con diputados afines al vicepresidente Edman Lara votando en contra.