Se generó controversia por la relación de los abogados de Barrelier con la política de Córdoba. Se señala que parte de la familia del abogado Moreno forma parte del staff de funcionarios del municipio de Córdoba y del Consejo de la Magistratura, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso judicial.
Surge la pregunta de por qué abogados de alto nivel representan a familias de bajo poder adquisitivo en casos como el de Barrelier, sugiriendo que podría haber intereses políticos detrás. Se menciona que el abogado Carlos Moreno, quien representó a Barrelier en una causa anterior en 2015, intentó conseguirle el sobreseimiento.
La discusión se centra en si la presencia de abogados tan importantes en casos de "marginalidad" se debe a que "salpica la política", insinuando que los abogados podrían ser pagados por actores políticos para silenciar ciertos aspectos de la investigación.