Perú se prepara para una de las elecciones presidenciales más polarizadas e inciertas de su historia reciente. El domingo se llevará a cabo el balotaje entre Keiko Fujimori, representante de la derecha tradicional y heredera de una dinastía política, y Roberto Sánchez, de la izquierda y delfín político del destituido expresidente Pedro Castillo.
Ambos candidatos llegan a esta instancia con una legitimidad severamente desgastada, ya que en la primera vuelta no lograron sumar ni el 30% de los votos. Esto plantea un desafío importante para quien resulte ganador, que deberá generar una base política sólida en un país marcado por la incertidumbre y un profundo hastío social frente a la delincuencia y la corrupción sistemática.
El debate televisado estuvo dominado por la crisis de seguridad y la criminalidad económica. Fujimori presentó la elección como un dilema entre el orden que ella representa y el caos que atribuye a la izquierda. Sánchez, por su parte, acusó al fujimorismo de co-gobernar desde el Congreso y de diseñar leyes a medida de la impunidad.
Las campañas de cierre reflejaron esta polarización: Fujimori apeló al recuerdo de su padre, Alberto Fujimori, centrándose en una guerra total contra el crimen organizado. Sánchez cerró su campaña en Juliaca, epicentro de las protestas de 2023, utilizando el dolor de las víctimas para motorizar su discurso contra el fujimorismo, al que calificó de "delegado de crímenes, violencia y corrupción".
La población peruana acude a las urnas movilizada más por el miedo que por la esperanza, con un alto porcentaje de votantes indecisos y un voto en blanco o anulado que refleja la orfandad de una sociedad obligada a elegir bajo la lógica del "mal menor". Las encuestas muestran que la mitad de los ciudadanos duda que el ganador logre completar su mandato de cinco años, lo que subraya la fragilidad de la democracia peruana.