El Senado aprobó sobre tablas, por mayoría simple, el pliego de la jueza Verónica Micheli, y ahora la responsabilidad recae en el Presidente de la Nación, Javier Milei, quien debe firmar o no el decreto de designación. Gustavo Ibarra, colega del diario La Nación, explicó que la designación de jueces es un acto complejo que involucra al Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Poder Legislativo.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece que el presidente nombra a los jueces de los tribunales federales inferiores con acuerdo del Senado. Aunque el Senado ya dio su acuerdo, resta la firma del decreto presidencial para que Micheli sea jueza.
Existe una preocupación sobre si el presidente Milei refrendará el acuerdo, dado que ya expresó públicamente su desacuerdo con la designación de Micheli. Ante esta situación, se planteó la posibilidad de un conflicto constitucional. Se mencionó un antecedente en el caso de Cristina Kirchner, donde un camarista renunció a su postulación a pedido público, evitando un conflicto.
Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, Félix Lonigro y Daniel Zabzay coincidieron en que el presidente debe firmar el decreto, ya que es una obligación constitucional. En caso de no hacerlo, podría incurrir en mal desempeño y abuso de autoridad, y la situación terminaría en la Corte Suprema de Justicia, generando un escenario de conflicto entre los poderes.
Fuentes del gobierno mencionaron casos anteriores de jueces cuyos decretos de designación quedaron en un limbo por años, aunque se aclaró que esos casos eran por traslados y no por designaciones iniciales. La situación actual, en la que el Poder Ejecutivo se arrepiente de un pliego que él mismo envió, es considerada inédita y podría llevar a una judicialización.