La posible negativa del presidente Javier Milei a firmar el decreto de designación de la jueza Verónica Micheli genera un escenario inédito y potencialmente conflictivo entre poderes. Constitucionalistas consultados coinciden en que el presidente debería firmar el decreto, considerándolo una obligación constitucional similar a la promulgación de una ley.
Señalan que la negativa a firmar podría configurar un mal desempeño o delito en ejercicio del cargo. Ante la falta de antecedentes claros en Argentina, se recurre a casos de Estados Unidos y a la opinión de expertos que sugieren que la situación podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.
Se mencionan casos anteriores de jueces cuyos decretos de designación tardaron años en ser firmados o que directamente no se concretaron, como los de los jueces Sabadini e Inocente. Sin embargo, se aclara que en esos casos se trataba de traslados, lo que podría diferir de la situación actual.