Los gobernadores del país expresaron su preocupación ante la inminente llegada del ajuste a las provincias, luego de que el gobierno nacional implementara recortes en áreas clave como el sistema previsional, obra pública y universidades.
El "Pacto de Mayo" estableció un tope de gasto público del 25% del PIB, y el gobierno nacional ahora exige a las provincias que asuman su parte del ajuste. Esto impacta directamente en los efectores de salud, educación y municipios, que dependen de la coparticipación federal.
La situación económica se agrava con la caída de la industria, la construcción y el comercio, a pesar de que algunos indicadores reflejan un crecimiento que no se traduce en empleo ni salarios, similar al escenario de la convertibilidad.