Se debatió sobre la efectividad y la implementación del registro de violadores y abusadores. Se recordó que la ley para este registro data de 2013 y se reglamentó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra y Garavano como ministro. Este fue un primer paso para la implementación y las primeras muestras de ADN.
Un avance importante fue la sanción en el Congreso el año pasado, que amplió la toma de muestras no solo a violadores, sino también a narcotraficantes, casos de robo agravado y homicidios dolosos. Estos avances legislativos son considerados positivos y necesarios para combatir la impunidad.
La panelista Daniela Gasparini, especialista en trata y explotación de personas, enfatizó la necesidad de implementar todas las medidas necesarias para evitar que estos crímenes queden impunes, mencionando casos como el de Barrelier, quien, a pesar de secuestrar a una mujer, estuvo solo tres semanas preso. Se cuestionó cómo la justicia permite que violentos sigan libres, comprando su impunidad.