Se especula sobre la destitución fulminante del concejal Ricardo Moreno, sugiriendo que el gobierno de Córdoba temía que el padre de Agostina revelara información comprometedora. Se señala que la oposición en la provincia está siguiendo de cerca la cadena de encubrimiento en el caso.
El gobierno de Córdoba y la municipalidad muestran una extrema atención al caso, monitoreando las derivaciones judiciales y públicas. Se critica la falta de acción inicial y la posible protección a Barrelier, lo que habría permitido que el crimen de Agostina ocurriera.