Se señaló que cada regulación constituye una traba que impide acuerdos voluntarios beneficiosos, resultando en la no creación de empresas y empleos.
Se criticó la ley de alquileres como ejemplo de regulación perjudicial, indicando que su eliminación duplicó la oferta y redujo los precios reales en un 30%.
Se argumentó que la regulación de precios perjudica a los sectores de menores recursos al eliminar las transacciones de precios más bajos y que constituye una violación del derecho de propiedad.