Se establece una conexión entre el caso Agostina y redes de trata de personas, mencionando la posible implicación de hijos de políticos y concejales en prostíbulos. Se compara con casos anteriores como el de Marita Verón, sugiriendo que estas redes operan con connivencia del poder local.
El discurso se intensifica al señalar la posible participación de gobernadores en redes de narcotráfico y la corrupción generalizada que permite la existencia de prostíbulos y la explotación sexual. Se critica la inacción de las autoridades y la falta de investigación profunda.