Se revela que el costo de mantener a cada preso en la provincia de Buenos Aires supera el millón y medio de pesos mensuales, generando indignación entre la población. A pesar de este elevado gasto, se denuncia que los reclusos no reciben alimentación adecuada y que los fondos se desvían a través de corrupción.
Se sospecha que funcionarios públicos se enriquecen con el manejo de los presupuestos carcelarios, mientras la infraestructura y los servicios básicos, como la comida, fallan. La situación evidencia un grave problema de corrupción y ineficiencia en el sistema penitenciario.