Se analiza el perfil de Barrelier, calificándolo como un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad y depredador sexual. Se considera que, si bien él es el culpable material de la muerte de Agostina, el Estado también tiene responsabilidad por la deficiente investigación.
Se argumenta que la investigación fue pésima y que se repite un patrón de errores. Se señala que la manipulación de la data de muerte evidencia un mayor error y que, de haberse seguido los protocolos, la joven podría haberse salvado o encontrado antes del desmembramiento.
Se plantea la hipótesis de que el crimen podría haber sido un feminicidio, y se critica la connivencia entre el poder político y judicial en Córdoba, así como la protección a delincuentes que ingresan a la administración pública.