Se cuestiona la actuación del fiscal Iván Rodríguez en un caso de violencia de género, comparándolo con su intervención en el femicidio de Andrea Castana en 2015. Se señala que el fiscal prácticamente desestimó la denuncia de una joven que relató haber sido atacada sexualmente y amenazada con un arma, huyendo desnuda y con las manos atadas.
Se critica la aparente inacción de la Municipalidad de Córdoba ante el hecho de que el imputado, Barrelier, mantenía un contrato como ñoqui a pesar de estar detenido. La defensa y el entorno del imputado son puestos en duda, especialmente la madre de la víctima, quien pide por la vida de su hija.
Se menciona la posible hipótesis de trata y el rol de cómplices, así como la perpetuidad de la ausencia de seres queridos como una condena. Se expresa preocupación por la posibilidad de que el imputado recupere la libertad si la atención mediática disminuye.