Se analiza un antecedente histórico (2011) donde Cristina Fernández de Kirchner no validó el pliego de un juez propuesto para ascenso, tras la detención de Sobrero en un disturbio gremial. La decisión de no firmar el cargo y enviar otro pliego, resultando en la designación de Lugones, se presenta como un precedente de intervención presidencial en nombramientos judiciales.
La discusión se centra en la potestad del Poder Ejecutivo para enviar ternas y la posterior intervención del Senado, cuestionando si la decisión de Bullrich se alinea con este tipo de manejos políticos.