El ministro de Seguridad de Córdoba califica a Barrelier como "psicópata, enfermo y reverendo hijo de..." y cuestiona su liberación y contratación, además de criticar la falta de empatía en la comunicación del caso.
Se señala la incongruencia de que Barrelier, tras el crimen, no fuera despedido de su puesto y se cuestiona la demora en la investigación, sugiriendo que la política contamina el accionar judicial.
Se enfatiza que la investigación debe basarse en pruebas científicas y no en las declaraciones del imputado, criticando la falta de preservación de la escena del crimen y la posible contaminación de la misma.