Se expresa preocupación por la nueva ley de minería ("Super RIGI") y su impacto ambiental, especialmente en relación con los glaciares, fuente de agua vital.
Se critica la posibilidad de que la ley, al no ser modificable por 30 años, genere conflictos y se aleje de modelos exitosos como los de Australia o Chile, que incentivan la agregación de valor local y la generación de empleo.
Se advierte sobre el riesgo de daños ambientales irreparables y la priorización de intereses económicos sobre la sostenibilidad, a pesar de los problemas de credibilidad internacional de Argentina.