Se expone la profunda influencia de la política en el sistema judicial argentino, donde los nombramientos de funcionarios a menudo responden a conexiones partidarias más que a méritos profesionales.
A pesar de esta realidad, se menciona el caso del fiscal Luciani en la causa Vialidad, quien actuó conforme a su rol a pesar de haber sido nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, se critica que en general, la política dicta las directrices, como se evidencia en la postura del gobierno de Córdoba, que defiende la actuación del fiscal Garzón y minimiza el impacto político del caso Agostina.