El caso Agostina pone en evidencia las falencias y los déficits del sistema judicial y político argentino, evidenciando una burocracia que no rinde cuentas ni paga costos por sus errores.
Se critica la falta de acción y la lentitud en la investigación, así como la tendencia a la politización de la justicia. La comparación con casos emblemáticos como Carrasco, María Soledad y Ángeles Rawson subraya la recurrencia de estos fallos y la necesidad de reformas profundas para evitar que hechos como el de Agostina se repitan.