Se cuestiona la postura del gobierno de Javier Milei respecto a la violencia de género, sugiriendo que si no les importan los vivos, menos les importarán los muertos.
Se argumenta que el temor a utilizar la palabra "femicidio" proviene de una directiva presidencial que considera que esta figura legal pone en desigualdad de condiciones a hombres y mujeres, al otorgar mayor valor a la vida de estas últimas.
Se considera que esta argumentación filosófica del presidente es la que motiva la resistencia a aplicar políticas de género efectivas.