Se señala una presunta complicidad entre el poder judicial y el poder político en el caso Barrelier. Se menciona a Ricardo Moreno, concejal de Córdoba y miembro de las "62 organizaciones peronistas", como defensor de Barrelier en la causa anterior.
Se critica que los fiscales, como Iván Rodríguez, necesiten el aval del arco político, especialmente del peronismo de Córdoba, para ser nombrados. Se sugiere que estos lazos políticos influyen en las decisiones judiciales, generando una "revolución de favores".