Se debate la conveniencia de retirar al fiscal y al juez de la causa del femicidio de Temperley, concluyendo que no sería sano en este momento ya que son quienes instruyen el caso y podrían corregir el rumbo.
Se compara la situación con el caso de Lucio Dupuy, donde la presión social sobre la jueza Pérez Ballester no tuvo efecto inmediato, sino que se resolvió a través de un juicio político posterior.
Se sugiere que el proceso administrativo para evaluar la actuación del fiscal y el juez podría darse más adelante, una vez que la investigación esté más avanzada y las "aguas se hayan calmado".