Se critica la actual ley de minoridad por considerarla "atada con alambre", señalando la falta de inversión en institutos adecuados para la reinserción de menores infractores.
Se destaca la necesidad de una reforma integral que contemple no solo la sanción, sino también la creación de espacios con presupuesto suficiente para cumplir con la finalidad de la ley, priorizando el cuidado y la reinserción de los jóvenes.