Se critica la posible protección política hacia personas con antecedentes violentos, como Barrelier, quien habría conseguido un cargo en la municipalidad a través de un concejal que también ejerce como su abogado. Se plantea la incompatibilidad ética entre la función pública y la defensa de personas acusadas de delitos graves.
El abogado Ricardo Moreno, concejal, normaliza la contratación de personas en la municipalidad y defiende su rol como abogado de Barrelier, argumentando que no es responsable si un cliente comete un delito después de tener un certificado de buena conducta. Se cuestiona la normalización de que concejales defiendan a individuos violentos y que estos mantengan cargos públicos.