Se revela una presunta conexión política detrás de la contratación de Claudio Barrilier en la municipalidad de Córdoba y su defensa legal. Ricardo Moreno, jefe de las 62 organizaciones peronistas y concejal, habría sido el primer defensor particular de Barrilier y facilitado su ingreso al municipio.
Moreno, además de ser abogado penalista, tendría vínculos que le permitirían influir en estas situaciones. Se cuestiona su rol en la defensa de Barrilier y en su inserción laboral, sugiriendo un posible uso político del caso.
Se menciona también que el cuerpo de Agostina habría sido llevado al predio de las 62 organizaciones. La investigación se adentra en posibles redes de poder e influencia política en relación con el imputado y el crimen.