Marta Peloni, defensora de los derechos de las víctimas, coincide con la opinión de que el Estado falló en el caso del femicidio de Agostina Vega, actuando con lentitud y sin priorizar la alerta temprana.
Peloni, con experiencia en casos similares como el de Lían Soraya y Loban, señala que a pesar de las nuevas leyes, la respuesta institucional sigue siendo deficiente, recayendo la responsabilidad principal en las instituciones estatales que deben garantizar la seguridad.