Se debate la necesidad de un registro de violadores como medida para prevenir futuros femicidios y abusos, pero se advierte que su efectividad depende del buen funcionamiento de la justicia.
Se critica la tendencia a politizar causas nobles como la lucha contra la violencia de género, anteponiendo banderas partidarias a la búsqueda de soluciones efectivas.
La falta de independencia judicial y la lentitud del sistema de justicia son señalados como obstáculos para erradicar la impunidad.