Se enfatiza la necesidad de buscar responsabilidades, no solo penales sino también políticas, en casos donde el derecho penal llega tarde.
Se sugiere que, si bien puede no alcanzarse el estándar para una condena penal, sí puede haber responsabilidades políticas que lleven a la pérdida de cargo de funcionarios.
Se critica la liberación de Barrelier, argumentando que el cargo debe ejercerse con responsabilidad y que se deben tomar las prevenciones necesarias para proteger a la sociedad.