Se profundiza en los vínculos de Claudio Barrelier, detenido por el caso Agostina, con barras bravas, política y su trabajo en el municipio. Se sugiere que estos nexos podrían explicar su accionar y la aparente protección que recibió.
Se cuestiona cómo barras bravas con antecedentes penales pueden obtener puestos en el ámbito municipal y tener vínculos con la política, lo que podría facilitar la impunidad y la corrupción.
Se recuerda el poder que ejercen las barras bravas en Argentina y cómo históricamente han estado vinculadas a partidos políticos, dificultando su erradicación.