Se detallaron los aumentos que impactarán en junio, incluyendo alquileres (80%), colegios (5%), agua (3%), transporte (4,8%), peajes (4,6%) y prepagas (2,9%), generando preocupación por el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores cuyos salarios no acompañan la inflación.
Se criticó la política del gobierno de regular precios de servicios básicos como combustibles, transporte y prepagas, argumentando que, si bien se busca controlar la inflación, esto se hace a costa de licuar los salarios y los ingresos fijos de la población. Se afirmó que el gobierno, a pesar de su discurso anti-estatista, utiliza al Estado para implementar políticas inflacionarias en consumos populares.
Se planteó la necesidad de que los servicios se paguen a su valor real, aunque se reconoció la posibilidad de ofrecer ayuda a sectores empobrecidos, pero no de forma perpetua. Se cuestionó la idea de que los salarios no son una medida arbitraria, ya que el gobierno interviene en las paritarias, demostrando una actitud estatista.