Se cuestiona la elección de Claudio Barrelier de contratar un defensor particular en lugar de uno oficial, dado el alto costo que esto implica para un empleado municipal. Se plantea la duda sobre cómo Barrelier pudo afrontar los honorarios de un abogado privado.
Se resalta la diferencia entre un defensor oficial, conocedor del sistema judicial y las estrategias de las fiscalías, y un abogado particular, cuyo costo podría ser prohibitivo para alguien con los ingresos de Barrelier. Esto genera sospechas sobre el origen de los fondos para pagar su defensa.