Se debate sobre la eficiencia de los recursos y la burocracia en las investigaciones judiciales en Argentina, contrastando con métodos de otros países donde la obtención de datos de localización de teléfonos es más ágil.
Se critica la falta de colaboración entre fuerzas y la posible politización de las causas, así como la tendencia a generar múltiples hipótesis sin pruebas concretas. Se menciona la importancia de la colaboración ciudadana y la falta de una buena investigación penal en el país.
Se señala que el fiscal a cargo, de apellido Garzón, pertenece a una tradicional "familia judicial" de Córdoba, lo que podría influir en el desarrollo de la causa.