Desde que la Corte Suprema de Justicia asumió la conducción del Consejo de la Magistratura, se ha observado una notable actividad en la destitución y sanción de jueces.
Se iniciaron juicios políticos contra los jueces federales Gastón Salmaín (Rosario) y Walter Bento (Mendoza), así como contra el camarista Martín Poderti (Mar del Plata). Por su parte, el juez Bailaque (Rosario) renunció para evitar un jury de enjuiciamiento.
Otros dos jueces enfrentan jury: Alfredo López, por manifestaciones antisemitas, y Pablo Díaz-Lacaba, por maltrato y violencia laboral. Además, se aplicaron sanciones al personal administrativo y a otros jueces, incluyendo descuentos de hasta el 50% de sus sueldos.
Esta intensa actividad sancionatoria desde que la Corte tomó el control del Consejo de la Magistratura, ha generado debate sobre la selección y el desempeño de los magistrados.