Se cuestiona la aparente incapacidad de las fuerzas de seguridad y judiciales de Córdoba para desentrañar el plan de una sola persona en el caso de Agostina, a pesar del tiempo transcurrido y la infraestructura disponible.
Se critica la precariedad de los recursos y la falta de organización del imputado, contrastando con la complejidad del aparato judicial y de seguridad que interviene en la causa.
La falta de avances concretos genera dudas sobre la efectividad de la investigación y la capacidad para esclarecer los hechos.