La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó 150 radares no autorizados, generando controversia sobre la legalidad de las fotomultas emitidas. Se denuncia que algunas comunas utilizan estos radares como método de recaudación, a menudo con señalización confusa o insuficiente, forzando frenadas bruscas y poniendo en riesgo la seguridad vial.
Además, se informa que muchos de estos radares podrían tener sus habilitaciones vencidas, lo que invalidaría las multas. El proceso para impugnar estas multas se presenta como complejo, requiriendo trámites presenciales en algunos casos.
Se establecen requisitos para la validez de las fotomultas, como la correcta toma de la imagen (no debe mostrar al acompañante) y la correcta señalización de los radares. La agencia nacional anunció que revisará y homologará los radares existentes para asegurar su correcto funcionamiento y legalidad.