La continuidad de la toma en el Carlos Pellegrini es probable, mientras que en el Colegio Nacional de Buenos Aires se levantó. La decisión se basa en las elecciones de personal no docente programadas para mañana, fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual complicaría la situación si los colegios permanecieran tomados.
Se considera que la toma de espacios públicos como el Pellegrini o el Buenos Aires no constituye un delito en sí mismo, aunque se recuerda que la palabra final la tiene la Corte Suprema de Justicia, a donde ha llegado la causa. La Corte deberá decidir si obliga al gobierno a cumplir la ley o encuentra otra solución.
Se expresa la opinión de que tomar un colegio no es la vía adecuada, sino una medida extrema. Sin embargo, se reconoce el derecho a disentir y expresar desacuerdo. La situación genera controversia dentro de las instituciones educativas.