El debate gira en torno a la toma de colegios y la legalidad de las protestas estudiantiles frente a la postura del gobierno.
Se argumenta que el gobierno está fuera de la ley al no cumplir la ley de financiamiento educativo y fallos judiciales, mientras que los estudiantes reclaman su cumplimiento.
Por otro lado, se considera que la toma de instituciones públicas es una medida autoritaria y que el fin no justifica los medios, ya que no tiene repercusión en la aplicación de la ley de financiamiento.